Las instituciones europeas han dado "luz verde" a la nueva Ley de Servicios Digitales también conocida como Digital Services Act (DSA).
El Parlamento Europeo, por amplia mayoría, aprobó las normas contenidas en el proyecto de ley que se presentaron anteriormente.
Pero, ¿cuál es la nueva legislación que podría entrar en vigor próximamente? ¿Qué cambia para quienes ofrecen y para quienes utilizan los servicios digitales?
El objetivo principal es dar mayor poder a los organismos reguladores de la Unión Europea para controlar el comportamiento de las grandes plataformas e imponer mecanismos más estrictos para eliminar las "noticias falsas" y los contenidos que vulneren los derechos de los terceros.
Los gigantes digitales (Facebook, Google, Microsoft, Apple, Twitter,...) estarán obligados a detectar y eliminar contenidos ilegales siguiendo determinados criterios de transparencia, ya que pasarán a ser ellos los responsables de los contenidos.
Con la Ley de Servicios Digitales, las empresas deberán revelar cómo funcionan los algoritmos dedicados a recomendar contenidos a los usuarios, permitiendo a los reguladores entender qué intereses se privilegian y qué criterios se utilizan.
El Parlamento Europeo también ha decidido que las plataformas online no deben utilizar técnicas engañosas para influir en el comportamiento de los usuarios, deben informar a los usuarios sobre cómo se monetizarán sus datos y proteger a los menores de las operaciones de marketing directo, elaboración de perfiles y publicidad centrada en el comportamiento.
Las pequeñas y microempresas quedarán excluidas de la nueva regulación.
La idea básica es construir un contexto en el que lo que es ilegal fuera de lo online también se considere ilegal en lo online.
El mecanismo de "notice and action", requiere, por ejemplo, que los proveedores de servicios de alojamiento, las plataformas sociales y todos los intermediarios actúen inmediatamente después de recibir solicitudes de eliminación de contenido.
Al respecto, no todos están convencidos de que las disposiciones de la Ley de Servicios Digitales prevengan abusos y salvaguarden derechos fundamentales como la libertad de expresión.
En un comentario publicado en el blog oficial Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización que ha estado luchando durante años para preservar la libertad de expresión online, argumenta que las formas en que se aplicará la ley permanecerían en gran medida fuera de control.
En comparación con la versión original de la DSA, se han introducido algunos cambios en el parlamento.
Las plataformas no son directamente responsables de los contenidos ilegales que puesa distribuirse utilizando sus recursos, pero deben comprometerse a verificar la identidad de los usuarios y garantizar que puedan ser legalmente responsables.
Con una modificación, el texto se amplía a todos los servicios de intermediación online.
“Se ha introducido una modalidad que los titulares de derechos pueden usar para iniciar disputas legales más fácilmente”, dijo un parlamentario que se opuso al texto y señaló que “toda la información proporcionada por las empresas tendrá que ser verificada antes de que sea publicada en cualquier sitio web, será una pesadilla burocrática para cualquier negocio en Europa, grande o pequeño".
Entre las intervenciones más significativas está la presentada por Tracking-free Ads Coalition, un grupo que presionó para evitar el uso de anuncios personalizados en la Web. La propuesta más intransigente no encontró apoyo, por lo que se llegó a un compromiso para evitar la personalización de los anuncios mostrados a menores de edad.
También se ha establecido que las plataformas online faciliten a los usuarios más control sobre sus datos personales, dando la oportunidad de darse de baja de manera sencilla. Además, la denegación del consentimiento no debe penalizar a los usuarios en términos de funcionalidad y servicios prestados.
También está prohibido el uso de técnicas específicas para obtener el consentimiento para la recopilación de datos personales, por ejemplo, mostrando repetidamente ventanas emergentes. Además, las plataformas no pueden solicitar a los usuarios que expresen su consentimiento nuevamente si ya han utilizado la configuración a nivel del navegador web o del sistema operativo.
