"Producir y distribuir contenido que ridiculice, provoque e interrumpa el orden público, los valores religiosos y la moral pública a través de las redes sociales ... se considerará un delito cibernético punible con un máximo de 5 años de prisión y una multa de 3 millones de riales (700.000 €)"
El poderoso príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, ha recibido duras críticas de los grupos de derechos humanos sobre los ataques contra activistas de derechos humanos y disidentes políticos en todo el espectro desde su nombramiento en junio de 2017.
La legislación de Arabia Saudita sobre el delito cibernético ha suscitado preocupación entre los grupos de derechos humanos desde hace décadas.
Decenas de ciudadanos saudíes han sido condenados por cargos relacionados con el disenso en virtud de una ley previa, particularmente relacionada con publicaciones en Twitter.
En septiembre de 2017, las autoridades emitieron un comunicado público para que los ciudadanos informaran sobre las actividades de las redes sociales de sus conciudadanos, bajo una definición amplia de crímenes "terroristas".
El fiscal de Arabia Saudita también anunció el martes que buscaba la pena de muerte en el caso contra Sheikh Salman al-Awda, un prominente clérigo islamista arrestado el año pasado junto con otras 20 personas.
