El gobierno socialista español quiere introducir nuevos impuestos a las grandes compañías de internet y en las transacciones financieras como una forma de recaudar para pagar las pensiones y los servicios públicos.
El impuesto propuesto sobre los servicios digitales se aplicará a las empresas con ingresos anuales de más de 750 millones de euros en todo el mundo y ganancias en España de más de 3 millones de euros, dijo el viernes la ministra de Finanzas, María Jesús Montero. Eso incluiría gigantes de internet como Google, Facebook y Amazon.
El impuesto a las transacciones financieras prevé una tasa impositiva del 0,2 por ciento en la compra de acciones españolas por los operadores del sector financiero.
Montero dijo en una conferencia de prensa que el objetivo del gobierno es modernizar las normas tributarias para los negocios del siglo XXI y "sentar las bases de una sociedad más justa".
Los nuevos impuestos también ayudarán a mantener la deuda pública y el déficit presupuestario dentro de las reglas de la eurozona, dijo Montero.
Las leyes previstas requieren la aprobación parlamentaria. No quedó inmediatamente claro si el gobierno minoritario puede reunir suficientes votos en el parlamento para promulgar sus planes.
Otros países de la Unión Europea están considerando medidas fiscales similares, como Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia apoyando una propuesta de la Comisión Europea para gravar los servicios digitales.
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El impuesto propuesto por el gobierno español sobre algunos servicios digitales introducirá un impuesto del 3 por ciento sobre la publicidad online y las ventas de datos de usuarios.
El gobierno espera que aumente a 1.200 millones de euros los ingresos fiscales del próximo año.
El impuesto a las transacciones financieras planificado cubre solo las acciones emitidas en España por compañías cotizadas con una capitalización de mercado de más de 1.000 millones de euros. Las compras de deuda y derivados están exentas.
El gobierno estima 850 millones de euros en ingresos con esta medida.
El gobierno también planea recaudar más de 800 millones de euros para acabar con la evasión fiscal, con medidas como reducir el límite para pagos en efectivo entre empresas a 1.000 euros desde 2.500 euros.
